El 2 de abril de 2014 los abogados de la Asociación Pro-Búsqueda presentaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, los casos de cinco niños víctimas de desaparición forzada de mano de agentes del estado durante el conflicto armado en El Salvador. Pro-Búsqueda, que representa a las familias de los cinco niños, está procurando obtener reparaciones para las familias, así como una orden de la Corte que exija que el Estado salvadoreño asuma responsabilidad por las desapariciones forzadas de niños y se pronuncie acerca de la continua impunidad por estas violaciones de derechos humanos. Los casos, conocidos en su conjunto como el “Caso Rochac”, documentan las desapariciones de José Adrián Rochac, Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca,quienes fueron sustraídos durante o inmediatamente después de operativos de contrainsurgencia llevados a cabo por los militares y grupos paramilitares salvadoreños entre 1980 y 1982.
En la audiencia, el hermano de Manuel Antonio Bonilla Osorio y la hermana de José Adrián Rochac dieron testimonio sobre las desapariciones de sus hermanos y sus esfuerzos por ubicarlos durante las últimas tres décadas. Asimismo, la psicóloga nicaragüense Marta Cabrera testificó como perita sobre los efectos psicológicos y el trauma sufrido generalmente por las familias de los niños desaparecidos en El Salvador. Representantes del gobierno salvadoreño reconocieron la responsabilidad del Estado por las desapariciones de los cinco niños y por no realizar una investigación minuciosa. Prometieron dar reparaciones a las familias de las víctimas, lo cual será ordenado por la Corte en la audiencia de sentencia que se llevará a cabo próximamente.
Antes de iniciar el proceso judicial a nivel internacional, Pro-Búsqueda presentó cada uno de los cinco casos individualmente al Estado salvadoreño mediante denuncias penales y denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Después de ver la ausencia de pasos concretos por parte del Estado para responder a las denuncias, Pro-Búsqueda juntó los casos y los presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2003. En una audiencia ante la Comisión en 2009,el Estado salvadoreño reconoció que la desaparición forzada de niños era parte de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos realizados por el Estado durante los 12 años de conflicto armado, y prometió comenzar el proceso para resolver el caso.
En 2012, luego de que el Estado no hiciera avanzar la investigación del caso ni dar reparaciones a las familias de las víctimas, Pro-Búsqueda solicitó que la Comisión refiriera el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte aceptó el caso en 2013, y posteriormente le dio a Pro-Búsqueda acceso al Fondo de Asistencia Legal para Víctimas para cubrir los gastos de viaje de los familiares de las víctimas que darían testimonio ante la Corte.
Fuente; http://unfinishedsentences.org/es/inter-american-court-of-human-rights-hears-case-of-disappeared-children/
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