domingo, 28 de septiembre de 2014

Publican Libro Amarillo con nombres de perseguidos en El Salvador en la década del 80

Un documento de la década de 1980 de los archivos del servicio de inteligencia militar de El Salvador identifica a casi dos mil ciudadanos salvadoreños considerados “terroristas delincuentes” por la Fuerza Armada. Entre ellos se encuentra el actual Presidente y ex líder guerrillero, Salvador Sánchez Cerén.
Otras personas mencionadas en la lista son defensores de derechos humanos, líderes sindicales y figuras políticas. Muchos sufrieron detenciones ilegales, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otras violaciones de los derechos humanos.
El informe, llamado Libro amarillo, es el primer documento militar confidencial salvadoreño en hacerse público; además, es la única prueba proveniente de los propios archivos del Ejército salvadoreño sobre los métodos de vigilancia utilizados por las fuerzas de seguridad y dirigidos a ciudadanos salvadoreños durante la guerra civil que duró 12 años.
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El Libro amarillo está dividido en las siguientes secciones:


La portada lleva el título “LIBRO AMARILLO (DE USO ESPECIAL)”, y la fecha “JULIO 1987″. Hay dos anotaciones a mano, aparentemente con letras y tinta distintas. La primera nota dice “COMANDANCIA”, subrayada y en letra gruesa. La segunda nota, en letra cursiva fina, comienza con el encabezado “ARCHIVO D-II” e indica: “Que lo usen. Sacar fotocopias de las fotografías y ponerlo en boletinero para que conozcan a sus enemigos”.
A pesar de la fecha en la portada, el libro contiene información sobre personas reportadas como asesinadas o desaparecidas desde la década de 1970, así como páginas con fechas tan recientes como agosto de 1987; esto indica que era un documento de trabajo probablemente compilado con información obtenida a lo largo de años, no un informe final.
La primera página del Libro amarillo está subtitulada “ALBUM FOTOGRAFICO DE LOS DELINCUENTES – TERRORISTAS (D/T) DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN AL FMLN / FDR”.

Introduction: “Format and Codification”

El Libro amarillo comienza con una introducción de dos páginas con fecha agosto de 1987 que delinea la estructura y las instrucciones de uso del documento. En conformidad con la nota escrita a mano en la portada de este ejemplar, la introducción afirma que el libro sirve para ayudar a la inteligencia militar salvadoreña a clasificar e identificar sospechosos de subversión,

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El glosario de 4 páginas es una lista de siglas utilizadas en el Libro amarillo; contiene abreviaturas de términos corrientes así como los nombres de organizaciones seleccionadas, desde grupos revolucionarios armados hasta organizaciones de la sociedad civil.

“Fase A: Dirigencia”

La Fase A es una lista de 46 miembros de alto rango de varias organizaciones izquierdistas y revolucionarias clasificados con un código alfanumérico interno, con nombres, seudónimos, afiliaciones y datos de identificación; está seguida de páginas con fotografías que corresponden al código. Ocho fotos están marcadas con estrellas dibujadas a mano; entre las fotos está la de Salvador Sánchez Cerén, ex comandante del FPL y actual Presidente de El Salvador, listado como D21. La totalidad de la Fase A lleva la fecha agosto de 1987.



Las afiliaciones organizativas más comunes citadas en la Fase A son, en orden descendiente: PCS (13 citas), ERP (11), FARN (9), RN (9), FPL (6), PRTC (6) y FDR (5). Además de organizaciones guerrilleras y revolucionarias incorporadas en el FMLN o aliadas a éste, la Fase A también cita organizaciones de la sociedad civil, incluyendo asociaciones académicas, profesionales y políticas. La Fase A es la única sección del libro que cita afiliación al Partido Demócrata Cristiano (PDC, 2 citas).

“Fase B: Militancia general”

La Fase B constituye la mayor parte del Libro amarillo: 230 páginas donde figuran 1,782 “personalidades” de la “militancia general”, cada una clasificada con un código alfanumérico interno, nombres, seudónimo, afiliación, cargo o actividad, y otras “observaciones”; esta lista está seguida de páginas con las fotografías correspondientes.
Tal como se indica en la introducción del documento, la codificación es “abierta, para facilitar las adiciones o actualizaciones”; la alfabetización de la lista numérica recomienza periódicamente dentro de cada letra. Dentro de la sección de cada letra hay un máximo de tres alfabetizaciones, lo que sugiere que el presente ejemplar del libro fue actualizado por lo menos dos veces después de su creación. Varias personas figuran más de una vez; se ignora si esto es intencional o si refleja errores en los registros.

Casi todas las páginas con listas tienen un encabezado con los mismos elementos: a la izquierda, las sigas “E M C F A” y “SEDAG/ F143″; al centro la palabra “Confidencial” y el título completo del libro; a la derecha, el código “Ref.C.AA06″ y una fecha. La mayor parte de la Fase B está fechada 6 de julio de 1987, y algunas páginas están fechadas 21 de agosto de 1987. Con excepción de EMCFA, se desconoce el significado de las siglas y los códigos; es probable que se refieran a un sistema de archivos interno. Las páginas con fotos no tienen encabezado.

Las páginas con fotos consisten en una cuadrícula de 8 a 18 fotos identificadas únicamente con sus códigos alfanuméricos respectivos. Hay fotografías de identificación oficial así como fotos aparentemente tomadas durante la detención, algunas de las cuales muestran posibles signos de lesiones. La calidad de las fotografías varía considerablemente, pero las facciones identificadoras son visibles en la mayoría de las fotos.
Las organizaciones de afiliación de las personas mencionadas en el Libro amarillo son partidos políticos, sindicatos, asociaciones de estudiantes y educadores, así como organizaciones revolucionarias y grupos armados. La organización más citada es Fuerzas Populares de Liberación (FPL, con aproximadamente 612 citas), seguida por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS, 302), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, 253), las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN, 250), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, 241), y la Resistencia Nacional (RN, 239), a menudo nombrada junto con la FARN. (Debido a los errores de otrografía que se encuentran en el manuscrito, esas cifras son aproximados, así como las de la próxima párrafo.)
La columna de “cargo o actividad” contiene diversas clasificaciones. La más común es “Miliciano” (590 citas); por lo menos en algunas regiones de El Salvador las milicias guerrilleras estaban formadas por voluntarios capacitados en roles de apoyo y autodefensa, con diversos grados de acceso a armas. “Combatiente” es el segundo cargo más común (487 citas), seguido por “Miembro” (380), “Político” (100) y “Colaborador” (71).
Otros cargos y actividades más específicos se citan con menos frecuencia. Entre estos hay rangos específicos y funciones de combate como “Comandante”, “Jefe de escuadra” y “Técnico en explosivos”, así como actividades civiles como “Sindicalista” y “Catequista”. Algunos perfiles están categorizados como “Masas”, un término que designa a presuntos civiles partidarios, reales o posibles, de organizaciones guerrilleras.
Las notas en la columna de “observaciones” se refieren exclusivamente a amnistiados (190 entradas) y personas que viajaron al exterior o recibieron becas e países del bloque comunista como Cuba, la URSS, Checoslovaquia y Nicaragua.
La mezcla observada en el Libro amarillo de organizaciones legales e ilegales y de actividades civiles y de combate refleja la doctrina de seguridad nacional de la fuerza armada salvadoreña, que caracterizaba todas las formas de oposición como si fueran igualmente subversivas; de esta forma, tanto los sospechosos de subversión como sus familias y asociados eran objeto de represión.
Estudios de casos
Los siguientes casos fueron seleccionados para hacer un análisis adicional porque los sobrevivientes estaban dispuestos a aportar sus reflexiones para esta publicación, y porque los hay disponibles documentos primarios relativos a sus casos. Para proporcionar más información sobre otras personas que aparecen en el Libro amarillo, comuníquese con info@unfinishedsentences.org.


La Fase C recoge información sobre personas no identificadas, incluyendo seudónimos, algún dato de identificación y fotografías de cada sospechoso. De las 87 entradas en esta fase, 45 están identificados por seudónimos y fotos, y los restantes 42 únicamente por fotos, algunos de ellos con afiliaciones. Algunas de las fotos de la Fase C indican que los sujetos eran vigilados en espacios públicos. La totalidad de la Fase C lleva la fecha agosto de 1987.
La afiliación más frecuentemente mencionada en la Fase C, con 20 citas, es la Federación Sindical Revolucionaria (FSR); esta organización no aparece en ninguna otra sección del Libro amarillo, y ninguno de sus presuntos afiliados están identificados por nombre; esto sugiere que era objeto de vigilancia activa al momento de elaborarse la presente versión del documento.

Las personas nombradas en el Libro amarillo fueron también objetivos de los escuadrones de la muerte. Por ejemplo, un comunicado de 1980 firmado por “Ejército Secreto Anticomunista”, una coalición de siete grupos terroristas de extrema derecha, hizo circular una “lista negra” de más de 200 nombres, de los cuales por lo menos 32 figuran en el Libro.
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Entra a qui para ver la Lista  Negra de personas tildadas por el ejercito http://unfinishedsentences.org/wp-content/uploads/2014/09/ListaNegraES-mayo1980.pdf


La Corte Interamericana de Derechos Humanos escucha caso de niños desaparecidos.



El 2 de abril de 2014 los abogados de la Asociación Pro-Búsqueda presentaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, los casos de cinco niños víctimas de desaparición forzada de mano de agentes del estado durante el conflicto armado en El Salvador. Pro-Búsqueda, que representa a las familias de los cinco niños, está procurando obtener reparaciones para las familias, así como una orden de la Corte que exija que el Estado salvadoreño asuma responsabilidad por las desapariciones forzadas de niños y se pronuncie acerca de la continua impunidad por estas violaciones de derechos humanos. Los casos, conocidos en su conjunto como el “Caso Rochac”, documentan las desapariciones de José Adrián Rochac, Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca,quienes fueron sustraídos durante o inmediatamente después de operativos de contrainsurgencia llevados a cabo por los militares y grupos paramilitares salvadoreños entre 1980 y 1982.
En la audiencia, el hermano de Manuel Antonio Bonilla Osorio y la hermana de José Adrián Rochac dieron testimonio sobre las desapariciones de sus hermanos y sus esfuerzos por ubicarlos durante las últimas tres décadas. Asimismo, la psicóloga nicaragüense Marta Cabrera testificó como perita sobre los efectos psicológicos y el trauma sufrido generalmente por las familias de los niños desaparecidos en El Salvador. Representantes del gobierno salvadoreño reconocieron la responsabilidad del Estado por las desapariciones de los cinco niños y por no realizar una investigación minuciosa. Prometieron dar reparaciones a las familias de las víctimas, lo cual será ordenado por la Corte en la audiencia de sentencia que se llevará a cabo próximamente.
Antes de iniciar el proceso judicial a nivel internacional, Pro-Búsqueda presentó cada uno de los cinco casos individualmente al Estado salvadoreño mediante denuncias penales y denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Después de ver la ausencia de pasos concretos por parte del Estado para responder a las denuncias, Pro-Búsqueda juntó los casos y los presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2003. En una audiencia ante la Comisión en 2009,el Estado salvadoreño reconoció que la desaparición forzada de niños era parte de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos realizados por el Estado durante los 12 años de conflicto armado, y prometió comenzar el proceso para resolver el caso.
En 2012, luego de que el Estado no hiciera avanzar la investigación del caso ni dar reparaciones a las familias de las víctimas, Pro-Búsqueda solicitó que la Comisión refiriera el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte aceptó el caso en 2013, y posteriormente le dio a Pro-Búsqueda acceso al Fondo de Asistencia Legal para Víctimas para cubrir los gastos de viaje de los familiares de las víctimas que darían testimonio ante la Corte.

Fuente; http://unfinishedsentences.org/es/inter-american-court-of-human-rights-hears-case-of-disappeared-children/


Piden en El Salvador depuración del sistema judicial

San Salvador, 28 sep (PL) Organizaciones sociales la Procuraduría para los Derechos Humanos se pronunciaron por la depuración del sistema judicial salvadoreño, uno de los más cuestionados por la población.
Las demandas han sido más fuertes en los últimos días en relación con el procedimiento de un juez en el caso del expresidente Francisco Flores (1999-2004), así como en el del asesinato de una niña cuyos presuntos responsables fueron puestos en libertad.


El procurador de los derechos humanos, David Morales, afirmó recientemente que en esta nación centroamericana la violencia es un fenómeno complejo y necesita soluciones integrales pues no solo es la policía, los tribunales o la fiscalía las que van a resolver los problemas.

En su opinión, "se requiere una actuación integral de todos los sectores, pero nuestro sistema de justicia penal debe de revisarse", analizarse dónde están los fallos y procederse a su depuración.

Por su parte, la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (Comphas) exigió este fin de semana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución del juez Primero de Instrucción de San Salvador, Levis Italmir Orellana, quien lleva el caso Flores.

La organización, que coincide con el procurador en cuanto a la depuración del sistema judicial, exigió a la CSJ resolver los expedientes de investigación abiertos contra el juez Orellana "por sus sentencias amañadas que ha favorecido a corruptos, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco".

Los líderes de Comphas consideran que la presión del pueblo organizado ha sido determinante para que la Cámara Primero de lo Penal revocara la decisión del juez Orellana de otorgar arresto domiciliar a Flores, acusado de malversar fondos de donaciones del gobierno taiwanés, y fuera llevado a prisión.

Pidieron que la audiencia contra el exgobernante sea de conocimiento público, para evitar arreglos legales y no burlen al pueblo salvadoreño.

De igual modo solicitaron al fiscal general, Luis Martínez, que incorpore el delito de lavado de dinero al expediente del exmandatario, pues hay pruebas claras de ello, y por el momento solo está acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.


fuente; http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3121341&Itemid=1