viernes, 23 de agosto de 2013
no hay aumento de pasaje con la Tarjeta Prepago
La Junta Directiva de SIPAGO, aseguró que no se está aumentando la tarifa del transporte colectivo en las unidades del transporte colectivo que ya están implementando el Sistema de Tarjeta Prepago.
Los empresarios aseguraron que son “responsables con el usuario de transporte público y que son respetuosos de las disposiciones gubernamentales”, en el sentido de no afectar el bolsillo de la población manteniendo el precio del pasaje.
Miguel Castañeda, presidente de SIPAGO aclaró que “no es cierto que la Tarjeta Prepago conlleve un incremento de tarifa disfrazado como han querido hacer ver algunos grupos que se oponen al proyecto” y agregó que por el contrario, “lo que se ha hecho es un acuerdo con los concesionarios para conservar las tarifas que tradicionalmente el pasajero cancela”, afirmó.
Producto del diálogo constante, se tomó acuerdo con las rutas 102, 77 y 79 de cobrar la tarifa por tramo, es decir aplicar la tarifa diferenciada, lo mismo se está haciendo con aquellas rutas que tienen las mismas o similares características, pese a que dicha figura no está contemplada en el Diario Oficial.
Los empresarios aprovecharon para informar que la Tarjeta Prepago va por buen camino y a buen ritmo en su plan de implementación, confirmaron que se han instalado más de 450 validadores y que más de 97 mil usuarios ya adquirieron la tarjeta prepago; al tiempo que anunciaron que ya trabajan en la siguiente etapa con las rutas de los demás sectores del Área Metropolitana de San Salvador
21% de avance en construcción de Primer Tramo SITRAMSS
El Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, inspeccionó hoy el
avance en los trabajos del proyecto “Construcción de Corredor Segregado
para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San
Salvador” que corresponde al Primer Tramo.
La construcción del Carril Segregado, Tramo I, del SITRAMSS,
presenta un avance actual del 21 %, y la construcción del paso superior,
Arturo Castellanos, un 12.9 %, hasta el 9 de agosto de 2013.
Con este proyecto el país avanza en una histórica transformación del sistema de transporte público, tras décadas de desorden. Se construye con una inversión de 10 millones 357 mil 789 dólares, por Constructora DISA, quien tendrá un plazo de nueve meses para finalizarlo.
Para el mejor desarrollo de la obra se ha dividido en etapas con la finalidad de mitigar la afectación al tráfico. Actualmente se trabaja en la etapa III, con la construcción de muros laterales donde pasara el carril en un tramo de 300 metros. La etapa I ya fue finalizada.
La Etapa III, se inició el 12 de agosto, desde Puente del Ferrocarril hasta Terminal de Oriente.
El miércoles 14 de agosto, se colocó en parte de la Etapa II, 140 metros lineales de concreto y se espera que hoy se coloque la misma cantidad si las condiciones del clima lo permiten. No obstante se avanza en la construcción de base, con los inconvenientes que causan las constantes lluvias, que provocan un progreso más lento de la obra.
Dentro de la Etapa II, del carril central de Poniente a Oriente del Bulevar del Ejercito, desde Plaza Soyapango hasta Puente Eureka, se demolieron 1,500 metros lineales de pavimento existente, se excavaron 800 metros en la vía primera capa sub base de 15 centímetros, se realizó colado de paredes Parada 2, ala 1 y ala 2, se coló paredes Parada 3 ala 1.
En la construcción del Paso Superior José Arturo Castellanos del SITRAMSS, se ha realizado la excavación en pilotes, se continuó con la excavación en pila 4 y 6, y se finalizó esta misma tarea en pila 3 y 5, se ha colocado acero de refuerzo en pila 3 para posteriormente realizar el colado de concreto.
Este corredor en construcción, inicia en la Terminal del Sistema del Bus de Transporte Rápido (BTR) en Soyapango a la altura de la Avenida Rosario Sur, al costado oriente de Walmart, continua por el Bulevar del Ejercito Nacional y prosigue por la Avenida Peralta, hasta las inmediaciones del Instituto Técnico Exsal, que corresponde 3.1kilometros de longitud. Este corredor será exclusivo para el BTR, con una sección de 3.50 metros.
Con este proyecto el país avanza en una histórica transformación del sistema de transporte público, tras décadas de desorden. Se construye con una inversión de 10 millones 357 mil 789 dólares, por Constructora DISA, quien tendrá un plazo de nueve meses para finalizarlo.
Para el mejor desarrollo de la obra se ha dividido en etapas con la finalidad de mitigar la afectación al tráfico. Actualmente se trabaja en la etapa III, con la construcción de muros laterales donde pasara el carril en un tramo de 300 metros. La etapa I ya fue finalizada.
La Etapa III, se inició el 12 de agosto, desde Puente del Ferrocarril hasta Terminal de Oriente.
El miércoles 14 de agosto, se colocó en parte de la Etapa II, 140 metros lineales de concreto y se espera que hoy se coloque la misma cantidad si las condiciones del clima lo permiten. No obstante se avanza en la construcción de base, con los inconvenientes que causan las constantes lluvias, que provocan un progreso más lento de la obra.
Dentro de la Etapa II, del carril central de Poniente a Oriente del Bulevar del Ejercito, desde Plaza Soyapango hasta Puente Eureka, se demolieron 1,500 metros lineales de pavimento existente, se excavaron 800 metros en la vía primera capa sub base de 15 centímetros, se realizó colado de paredes Parada 2, ala 1 y ala 2, se coló paredes Parada 3 ala 1.
En la construcción del Paso Superior José Arturo Castellanos del SITRAMSS, se ha realizado la excavación en pilotes, se continuó con la excavación en pila 4 y 6, y se finalizó esta misma tarea en pila 3 y 5, se ha colocado acero de refuerzo en pila 3 para posteriormente realizar el colado de concreto.
Este corredor en construcción, inicia en la Terminal del Sistema del Bus de Transporte Rápido (BTR) en Soyapango a la altura de la Avenida Rosario Sur, al costado oriente de Walmart, continua por el Bulevar del Ejercito Nacional y prosigue por la Avenida Peralta, hasta las inmediaciones del Instituto Técnico Exsal, que corresponde 3.1kilometros de longitud. Este corredor será exclusivo para el BTR, con una sección de 3.50 metros.
Orden de captura a militares implicados en caso jesuitas sigue vigente
Las órdenes de captura internacional contra militares salvadoreños, implicados en la masacre de los jesuitas (noviembre 2009), dictada por la Audiencia Nacional de España, siguen vigentes, de acuerdo a la abogada Almudena Bernabeu.
A pesar de que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, resolvió que los militares no pueden extraditarse a España para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, continúa vigente la orden de captura internacional contra los implicados, sostuvo la abogada, en una entrevista con el periodista y exdiplomático salvadoreño, Héctor Silva Ávalos, que publica este jueves en su blog.
El juez Eloy Velasco, miembro de la Audiencia Nacional de España, pidió a la Interpol a principios de agosto de 201,1 que emitiese alerta roja para la detención de 15 militares salvadoreños acusados de ser los autores intelectuales de la matanza.
Velasco siguió el trámite para procesar un pedido de extradición ya que ninguno de los oficiales castrenses se presentó voluntariamente a declarar sobre el caso, después de un citatorio del tribunal.
"El juez Eloy Velasco no tiene ninguna intención de archivar el proceso y es importante que eso se sepa alto y claro en El Salvador; el proceso sigue adelante; las órdenes de arresto están vigentes y también la petición de extradición hecha a El Salvador", dijo Bernabeu a Silva Ávalos, a la pregunta de si el juez tenía intenciones de archivar el caso jesuitas.
Velazco imputa a los militares cargos de conspiración y asesinato de seis de los jesuitas y 2 ciudadanas salvadoreñas, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.
Almudena Bernabeu es la abogada española que, en nombre del Centro de Justicia y Rendición de Cuentas (CJA, en inglés) de San Francisco, California, presentó la querella contra los militares salvadoreños en representación los familiares de los Jesuitas ante la Audiencia Nacional de España.
Cristiani es el principal comerciante de químicos prohibidos en el país
La diputada del FMLN acusa a ARENA de frenar las prohibiciones y regulaciones del uso de plaguicidas en El Salvador.
Lourdes Palacios es una de las
principales defensoras del medio ambiente en la fracción parlamentaria
del FMLN. Es miembro de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático
de la Asamblea Legislativa y su compromiso con este tema viene de hace
años, cuando asumió la secretaría nacional de medio ambiente de su
partido.
En sus tres periodos como
diputada ha mantenido una agenda activa en este sentido, lo que la
vuelve una conocedora y autoridad para abordar la situación
medioambiental en El Salvador; por ello dice con mucha seguridad que
“este comercio de la muerte” no se ha regulado en todos estos años
porque hay intereses económicos del ex presidente Cristiani y que la
fracción legislativa de ARENA vela por sus intereses.
Diputada, llama la
atención lo que está pasando en el país, en cuanto al aumento de
víctimas mortales de insuficiencia renal a tal grado que ya es la
primera causa de muerte hospitalaria ¿Qué es lo que está pasando?
Esto es producto de la herencia
de los gobiernos pasados que han dejado al país en esta situación con
altos niveles de contaminación. Las fuentes contaminantes en El Salvador
no son de ahora. Recordemos Sitio del Niño, los barriles de químicos
abandonados en San Miguel, la contaminación de mantos acuíferos de los
ríos en donde los estudios señalan que el noventa y ocho por ciento de
nuestra agua va de regular a mala.
Esto no ha pasado de ayer para
hoy. A este problema no se le puso la atención debida y no se verificó
que las empresas que manejan materiales para la producción de
plaguicidas estuviesen cumpliendo con los estándares que les demanda la
ley. El incumplimiento de la ley por parte de los gobiernos de Arena nos
tiene en esta situación crítica. A raíz de lo que está pasando en San
Luis Talpa se vuelve a abordar el tema y esperamos que no haya más casos
de estos. No ha habido en el pasado instituciones que pudieran prevenir
que esto ocurriera.
¿Qué es lo que está proponiendo la Asamblea en esta materia?
Hay un gran vacío legal y es
sobre todo en la ejecución de la Ley de Medio Ambiente y proponemos una
nueva normativa, que consistirá en regular el uso de esos contaminantes
persistentes que a nivel mundial ya están prohibidos y que se les conoce
como “La Docena Sucia”. En El Salvador se siguen utilizando estos
químicos prohibidos y se venden de manera irresponsable sin indicaciones
sobre cómo manipularlos. Debe haber una prohibición en el uso de esos
plaguicidas que son altamente tóxicos y que se llaman también
“contaminantes orgánicos persistentes” porque no hay forma de que se
diluyan, no desparecen y su efecto en la salud de las personas es de
carácter acumulativo. Esto no es nuevo, a tal punto que hoy está en un
nivel más crítico.
¿Por qué no se ha
suspendido hasta la fecha la comercialización de estos productos
letales? ¿Quiénes son los que están defendiendo su uso?
Aquí hay intereses económicos
muy fuertes y son negocios a costa de la salud y de la vida de las
personas. En octubre del año pasado quisimos aprobar el dictamen que
llevaba las reformas a la ley de control de pesticidas ¿quién fue el que
se opuso? ARENA porque los intereses que ellos defienden están
representados aquí a través de sus diputados y se opusieron rotundamente
a que aprobáramos esa normativa e incidieron en otros grupos
parlamentarios para que no se votara por la regulación y prohibición.
La primera vez que se intentó
regular esto fue en la legislación de 1995 y ha habido también otras
iniciativas en las que ya se determinaba que estos agrotóxicos estaban
dañando la salud de los campesinos y no se hizo nada ni desde el
Ejecutivo ni desde la Asamblea. Como FMLN hemos querido plantear la
discusión y hemos obtenido negativas sin importar que la gente esté
muriendo. La gente trabajadora en el agro es la que mayoritariamente se
ha visto afectada y lo más grave es que ha trascendido a la juventud y a
la niñez. Esto es atípico.
Se reconoce que en la región
mesoamericana hay prevalencia de enfermedades renales crónicas pero para
el caso de El Salvador representa todavía un desafío más el que está
impactando ya a la niñez y juventud. En el estudio Nefro-Lempa, que hizo
el ministerio de Salud, se le llama enfermedad crónica no tradicional y
determina que los casos de muertos y afectados son demasiados
alcanzando incluso a sectores que no deberían estar padeciendo
enfermedades renales. En estos estudios se encontraron los tipos de
químicos que efectivamente están incidiendo en la deteriorada salud de
los salvadoreños analizados, para el caso, de las comunidades del bajo
Lempa. Los grupos de agroquímicos que señalan los estudios son los
órgano-fosforados, que tienen nombres comerciales como Tamarón y otros.
Cuando uno viaja por el interior del país puede observar rótulos promoviendo este tipo de productos…
Exactamente. La población
estudiada en el Bajo Lempa fue de más de setecientas personas... Hay
otros productos que se conocen como Lacnate, Karate, Gramoxone, y otros
que son los que más contaminan la salud de las personas. Las personas
que han estado en contacto con este tipo de agroquímicos son las que
están mayoritariamente enfermas.
Pero una persona
pudiera decir que las personas enferman por el mal uso o la mala
manipulación de estos químicos, pues imagino que algunas bondades han de
tener en la producción de alimentos…
Es que la ciencia ya avanzó y
ya hay otro tipo de químicos utilizados para la agricultura que no deben
ser estos precisamente. Estos productos prohibidos en el resto del
mundo, siguen entrando al país por intereses económicos puramente.
¿Cuáles son esos
argumentos que pueden hacer creer que detrás de esto hay todo un
comercio muy rentable a costa de la salud y de la vida de miles de
campesinos al año?
ARENA dice que si se dejan de
utilizar estos químicos va a haber una plaga en los cultivos de El
Salvador. Falso. En países desarrollados no utilizan para nada estos
productos y tienen cultivos sanos y abundantes. Las transnacionales
siempre están haciendo negocios con los locales y tienen en nuestras
comunidades su fuente de riqueza al venderles este tipo de
contaminantes.
¿Quiénes están detrás de este negocio?
Alfredo Cristiani. Y por ello
ARENA lo defiende a capa y espada. La importación de esos contaminantes
están siendo distribuidos a través de una red muy amplia de
agroservicios, ferreterías, tiendas y están al alcance de cualquiera,
sin regulación alguna. Cuando uno se da cuenta de que en otros países
los tratan diferentes… es lamentable que en El Salvador se sigan
comercializando. Y es Alfredo Cristiani quien se está lucrando de este
negocio de la muerte. Eso no lo digo yo. El siempre ha estado detrás de
esta actividad. El punto es que Cristiani no tiene ninguna
responsabilidad como ciudadano y no tiene ninguna conciencia de cuál es
el nivel de daño que está haciendo a la población más pobre de este
país.
¿Cuáles son las
alternativas que se proponen al prohibir el ingreso de estos productos?
Imagino que los cultivos necesitan de control de plagas para poder
generar cosechas más abundantes y saludables ¿Habría que buscar otro
listado de productos?
En el mundo existe una
tipificación de estos productos que va de viñeta roja, amarilla y verde.
Así están regulados. En El Salvador se venden los de viñeta roja que
son los que están prohibidos y que Cristiani compra baratos precisamente
porque ya están descontinuados y prohibidos en otros países que los
producen. Los de viñeta amarilla y verde se utilizan en menor medida
pero no tienen mucha entrada. El Ministerio de Medio Ambiente está
impulsando una nueva manera de cultivar la caña pero este cambio tiene
que ser paulatino. A este programa se le ha llamado “Zafra Verde” y
consiste en educar a los productores para cambiar esta forma tradicional
de cultivo. Se puede hacer de otra manera pero hay que darles
oportunidad de entrada a otro tipo de químicos.
¿Se da alguna
capacitación a los campesinos que manipulan estos químicos o lo aprenden
por tradición? Recuerdo el caso de una madre de familia preparó tamales
en donde se habían manipulado químicos y el resultado fue la muerte por
intoxicación de miembros de su familia. Es decir, las personas no
tienen conocimiento sobre la manipulación de los recipientes en donde
mezclan los plaguicidas.
La gente piensa que lavando los
recipientes los va a descontaminar. Hay que hacer una gran campaña para
educar en este sentido pero que no se interprete que educar a las
personas quiere decir que sigamos aceptando que sigan habiendo este tipo
de químicos en El Salvador, que siempre van a dañar los riñones. La
llamada Revolución Verde propuso que se utilizaran estos químicos para
paliar el hambre mundial y eso fue un bum pero los interesados en eso
eran los productores de los químicos que empobrecen los suelos, que los
deterioran y que vuelve dependientes a los agricultores. Antes del siglo
pasado no existían agrotóxicos y en el mundo había producción agrícola.
Entonces, producir de otra manera es posible.
¿Se está estimulando la producción orgánica?
Hemos conocido producción
orgánica en El Salvador, sobre todo en el cultivo del café. Esto no les
interesa a los comerciantes de la muerte, no les interesa que el país
tenga otras opciones. Deberíamos interesarnos en que el productor
salvadoreño no se vuelva dependiente y facilitarle que cultive su propia
semilla. Lo que pasa es que el agricultor se vuelve dependiente cuando
tiene que ir a un solo lugar a comprar las semillas y ahí mismo le
venden el veneno para las plagas. Son intereses meramente de comercio.
Esa lógica destructiva de muerte que hay es la que debemos cambiar a una
lógica de vida, de producción sana. La ley está permitiendo que se usen
los plaguicidas y es nuestra función como legisladores de poner
condiciones para que no se siga dando en El Salvador este tipo de
asesinatos que se están permitiendo de manera legal.
¿Cómo está la negociación con las fracciones legislativas para que estas regulaciones puedan ser una realidad?
ARENA ha incidido antes para no
regular esta actividad y lo hará de nuevo. Las cooperativas ya están
poniendo en práctica otro tipo de agricultura pero no se les está
motivando a que lo sigan haciendo. Se les meten los químicos como única
alternativa. Es lamentable que ahora se esté tocando de nuevo el tema a
consecuencia de la gran cantidad de fallecidos que ha habido en San Luis
Talpa. Lo hemos advertido antes que si seguimos así va a haber más
muertos.
De una vez por todas debe
tomarse una decisión… alguien tiene que pagar por este daño. No es
posible que nadie pague. Mire, el caso del plomo… con fondos públicos se
está tratando de asistir a estas comunidades pero los millones en el
caso de Opico fueron a parar a manos de la familia Lacayo ¿Y quién
responde? No podemos seguir con esta situación en que no se haga
responsable nadie. El sistema de justicia debe dar un paso enorme para
que estas personas no queden dañadas.
¿Cómo funcionaría aquí el sistema de justicia? ¿Sería el Estado el que demande o los afectados?
Cuando se afecta a una
comunidad se le llama a esa figura “intereses difusos” y perfectamente
el Estado puede demandar, así como las personas naturales. Pero hasta
ahora nunca ha habido responsables; las empresas que causan los daños
desaparecen y vuelven a aparecer por otro lado con otros nombres para
evadir las responsabilidades. Esa ha sido la costumbre en los gobiernos
de ARENA. Cada enfermo de insuficiencia renal cuesta al Estado ochenta
mil dólares al año.
El Ministerio de Medio Ambiente
ha anunciado en su rendición de cuentas que para septiembre tendrá
listos los resultados de los estudios realizados a nivel nacional. Junto
al ministerio de Salud se han responsabilizado al grado que han tomado
muestras en todo el país y han creado el programa de atención a personas
con enfermedades renales y han abierto una unidad de salud específica
para eso en la ciudad de Usulután. Las autoridades están haciendo lo
propio. La ministra ha tenido una actitud altamente positiva y
preocupada para regular este tipo de situaciones. Ella va a presentar un
anteproyecto de ley para regular el uso de pesticidas en el país, así
que vamos a juntar todas esas voluntades y ojalá que hoy los grupos
parlamentaria aprueben las medidas.
¿Será a través de un proyecto de ley, una reforma, o un decreto de prohibición?
Eso es lo que hay que estudiar
porque no solo se trata de prohibir, sino que debe haber un plazo en el
que se vaya dejando de utilizar este tipo de tóxicos, porque es un
cambio cultural paulatino que va acompañado de una gran cantidad de
medidas educativas.
¿En qué cultivo se identifica el uso de estos tóxicos?
Históricamente en el algodón.
En este cultivo se utilizaron venenos hasta finales de los setentas pero
como son productos persistentes, todavía hay en estas zonas en donde se
cultivó algodón, altos grados de contaminación. El agua de pozos en el
departamento de La Paz reflejan contaminantes de hace cincuenta años. No
han desaparecido. Se utilizan también en el cultivo de caña y café.
¿Este tipo de problemas son de toda la región centroamericana?
La enfermedad crónica ha
impactado a nivel mesoamericano, pero es El Salvador el país que tiene
la mayor cantidad de casos y eso es lo preocupante. No se puede estar
rociando veneno cuando las casas y pozos están en los alrededores de los
cañales, tal como es la práctica aquí. En materia medio ambiental la
situación es sumamente crítica en nuestro país y todo esto está
respaldado por las cifras oficiales.
¿Qué contempla la agenda del candidato del FMLN en esta materia?
Hay una clara voluntad del
candidato Salvador Sánchez Cerén en trabajar porque se respete un
precepto constitucional de tener derecho a un medio ambiente sano. Él ha
asumido el compromiso y desde la práctica ha demostrado que tiene un
compromiso ambiental real con el país.
Gobierno Obliga a empresa Salazar Romero a construir obras de mitigación en urbanización Santísima Trinidad
La empresa Salazar Romero pidió permiso a la Alcaldía de
Ayutuxtepeque para una "chapoda" en el cerro El Carmen. Luego de una
lluvia que arrastró grandes cantidades de lodo hasta la Urbanización
Santísima Trinidad, se constató que en lugar de una limpieza de maleza
había maquinaria pesada, abriendo una calle. La comuna detuvo la obra y
el MARN exige un plan de mitigación para reducir el riesgo en el
terreno.
El MARN pide a la constructora la adopción de medidas de mitigación
en la construcción que realiza y que amenaza a la urbanización Santísima
TrinidadLa apertura de una calle sin los permisos correspondientes, en lo alto del Cerro El Carmen, en Ayutuxtepeque, creó una situación de riesgo para los habitantes de la Urbanización Santísima Trinidad, ubicada en la parte baja del cerro.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emplazó a la Salazar Romero para que presente un plan de medidas de mitigación en la zona.
El 31 de julio, maquinaria pesada, propiedad de la empresa constructora Salazar Romero, ingresó al cerro contiguo a la urbanización Santísima Trinidad para abrir una calle, dejando tierra suelta y acumulada en un tramo de 500 metros, lo cual facilitó que las lluvias arrastraran lodo pendiente abajo, en dirección a dos pasajes de la populosa colonia.
La Viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, en compañía de los habitantes de la populosa urbanización y autoridades de la Alcaldía, recorrió esta mañana la zona para constatar la vulnerabilidad del terreno.
Durante las inspecciones, el MARN recomendó a la empresa realizar medidas de mitigación a corto plazo, que disminuyan la vulnerabilidad de la zona y generen condiciones similares a las existentes antes de dicha apertura entre ellas:
1. Incorporar el material suelto acopiado a ambos lados de la calle hacia la apertura generada. Esta acción se debe realizar con la compactación necesaria y deberá ser realizada de manera manual e inmediata, ya que el terreno presenta condiciones susceptibles a deslizamiento por su topografía, y el uso de maquinaria o equipo pesado pudieran originar deslizamientos, debido a la fragilidad del suelo.
2. Posteriormente a la conformación y compactación del sitio afectado, se deberá revegetar la zona intervenida con especies nativas herbáceas, arbustivas y arbóreas, con el fin de proteger el suelo y evitar el arrastre de material hacia aguas abajo del sitio.
3. A ambos lados de la apertura se deberán realizar obras de drenaje, a fin de evitar que se generen nuevos arrastres de sedimentos hacia las comunidades vecinas, las cuales pueden hacerse de manera temporal hasta los drenajes naturales existentes.
La funcionaria informó que el MARN envió ayer martes 20 de agosto, una nota a la empresa Salazar Romero, en la que les solicita un plan de mitigación que realizará en el lugar, a fin de dar mantenimiento permanente de las medidas propuestas hasta lograr su estabilización y disminuir un posible impacto en la zona. La empresa deberá presentar el plan en los próximos cinco días hábiles.
Paralelo a esta notificación, el MARN ha iniciado un proceso de investigación para deducir responsabilidades administrativas, que podrían repercutir en una sanción administrativa.
La prioridad en este momento es reducir el riesgo en el terreno y salvaguardar la vida de las personas, dijo la titular de Medio Ambiente.
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